El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección de Marco Rubio, acusa a Cuba de fomentar el “terrorismo de extrema izquierda” en Estados Unidos y de reclutar activistas de solidaridad con el propósito de “volver a Estados Unidos contra sí mismo”.
Según Teishan Latner, destacado académico especializado en las relaciones entre Cuba y los movimientos de izquierda en Estados Unidos, estas acusaciones son esencialmente las mismas que formularon el FBI y la CIA durante las décadas de 1960 y 1970. Latner sostiene que, al igual que entonces, dichas afirmaciones carecen de fundamento.
Esta semana, el periodista de Belly of the Beast Yohan Rodríguez conversa con Latner sobre lo que este considera una tergiversación de su trabajo académico por parte del Departamento de Estado, que habría convertido sus investigaciones en una teoría conspirativa de corte macartista destinada a criminalizar a movimientos estadounidenses de justicia social y a justificar una posible acción militar contra Cuba.
También esta semana:
Trump renueva una ley de la Primera Guerra Mundial para sancionar a Cuba
Cubanos atrapados en la maquinaria de deportación de Trump
Giménez culpa a la salud pública gratuita e ignora las sanciones
Rubio apunta contra la solidaridad, la minería y la construcción
El informe de Rubio sobre Cuba, evaluado por un historiador
Cuando el Departamento de Estado publicó el pasado mes su informe “Cuba: The Capital of 21st Century Communism” (“Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”), el historiador Teishan Latner reconoció parte del material. Según Latner, algunos pasajes parecían estar tomados directamente de sus propios trabajos e investigaciones.
Latner, profesor de Historia en la Thomas Jefferson University, lleva más de una década investigando los vínculos entre la Revolución Cubana y la izquierda estadounidense. Su libro de 2018 sobre el tema, Cuban Revolution in America: Havana and the Making of a United States Left, 1968–1992, constituye el primer estudio académico que analiza estos vínculos a lo largo de varias décadas.
Según Latner, el informe del Departamento de Estado reproduce nuevamente falsas acusaciones formuladas por el FBI y la CIA contra activistas radicados en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970. En aquel entonces, ambas agencias sostenían que las delegaciones estadounidenses de solidaridad con Cuba constituían una vía de reclutamiento para los servicios de inteligencia cubanos.
“No hay ninguna evidencia de que Cuba haya logrado reclutar efectivamente a alguna persona que haya formado parte de una brigada estadounidense de solidaridad”, afirmó Latner.
Al preguntársele qué calificación le otorgaría al informe del Departamento de Estado si un estudiante lo hubiera presentado como trabajo académico, Latner fue contundente: “Probablemente obtendría una calificación muy baja, especialmente por la falta de evidencia.”
Aunque el informe pueda resultar risible como trabajo académico, Latner considera que cumple un propósito político: intensificar la presión contra organizaciones y líderes progresistas y fortalecer los argumentos a favor de la política hostil de la administración estadounidense hacia Cuba.
Mira AQUÍ la entrevista del periodista de Belly of the Beast, Yohan Rodríguez, con Latner.
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Trump renueva una ley de la Primera Guerra Mundial para sancionar a Cuba
Donald Trump renovó la semana pasada las sanciones de Estados Unidos contra Cuba en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading with the Enemy Act, TWEA), una legislación aprobada en 1917 con el objetivo de interrumpir el comercio con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Cuba es actualmente el único país del mundo que continúa sujeto a sanciones en virtud de esta legislación centenaria.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que la extensión de la TWEA confirma la intención de la administración Trump de continuar asfixiando al país en lo que calificó como el “momento más cruel” de la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba.
La ley ha sido invocada contra Cuba todos los años desde 1963, tanto por administraciones demócratas como republicanas. Trump firmó una extensión similar en agosto de 2025, mientras que el presidente Joe Biden hizo lo propio en septiembre de 2024.
La TWEA constituye uno de los principales fundamentos jurídicos del embargo estadounidense contra Cuba (denominado “bloqueo” por el Gobierno cubano). Cuba lo describe como el régimen de sanciones más amplio impuesto por un país contra otro en la historia moderna.
Lea AQUÍ nuestro artículo sobre la Ley de Comercio con el Enemigo.
Giménez culpa a la salud pública gratuita e ignora las sanciones
El congresista estadounidense Carlos Giménez (R-FL) afirma que el sistema de salud universal de Cuba “es una mierda” y “no funciona”, aludiendo a hospitales sin medicamentos y al deterioro de las condiciones sanitarias.
Sin embargo, estas críticas constituyen, según sus detractores, una forma de gaslighting político: las mismas políticas que Giménez ha defendido serían una de las principales causas del colapso que enfrenta el sistema hospitalario cubano.
La guerra económica de Estados Unidos ha limitado la capacidad de Cuba para adquirir medicamentos, equipos médicos, combustible y otros recursos esenciales para mantener en funcionamiento su sistema de salud.
Mira AQUÍ nuestro video sobre las declaraciones de Giménez.
Cubanos atrapados en la maquinaria de deportación de Trump
Cuba recibió esta semana a 127 personas deportadas desde Estados Unidos, con lo que asciende a 882 el número total de cubanos devueltos a la isla este año por las autoridades migratorias estadounidenses.
Sin embargo, algunos migrantes no están siendo enviados a Cuba, pese a la continua cooperación del Gobierno cubano con los esfuerzos estadounidenses de deportación.
Cuatro ciudadanos cubanos formaban parte de ungrupo de deportados trasladado la semana pasada a Liberia. Los hombres se negaron a bajar del avión porque Liberia “no es su país” y porque, según afirmaron, estarían en peligro allí. Funcionarios estadounidenses les dijeron que serían devueltos a Estados Unidos, pero, en cambio, fueron trasladados a un centro de detención en Guinea Ecuatorial.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes afirman que el lugar, un hotel convertido en centro de detención, carece de personal médico y denuncian que los guardias han retenido alimentos y maltratado físicamente a los migrantes.
Otros cubanos deportados han terminado aún más lejos de la isla. Yasmany Moreno de Armas declaró a CBS News que fue deportado a la República Centroafricana, un país del que, según dijo, nunca había oído hablar antes de llegar allí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje de nivel 4 para ese país, en la que recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar viajar allí debido al riesgo de “disturbios, delincuencia, secuestros, minas terrestres y terrorismo”.
Las autoridades estadounidenses también han deportado a ciudadanos cubanos a Esuatini y Sudán del Sur.
Miles de cubanos más permanecen varados en Centroamérica. Un reciente artículo de The Atlanticdescribe Tapachula, México, cerca de la frontera con Guatemala, como un “vertedero” al que Estados Unidos ha estado trasladando en autobús a cubanos deportados —algunos de ellos despojados de sus tarjetas de residencia después de décadas de vivir en Estados Unidos— en lugar de devolverlos a su país de origen.
Ni siquiera los músicos cubanos han quedado al margen de la ofensiva migratoria. La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en el aeropuerto de Miami al percusionista cubano y ganador de un Grammy Latino Degnis Bofill, pese a que su solicitud de asilo continúa pendiente. La detención se produjo pocos días después de que el músico cubano Andy García fuera detenido en Los Ángeles.
Rubio apunta contra la solidaridad, la minería y la construcción
La administración Trump sancionó la semana pasada a tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), después de haber incluido a la propia institución en su régimen de sanciones en junio.
Los tres funcionarios son:
Fernando González Llort, presidente del ICAP.
Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta del ICAP.
Leima Martínez Freire, directora para América del Norte del ICAP.
El ICAP es una institución del Gobierno cubano que organiza intercambios culturales internacionales y delegaciones de solidaridad hacia la isla desde 1960.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la organización es utilizada para “corromper y radicalizar a los estadounidenses” como parte de una “vasta red subversiva”, un lenguaje que hace eco del informe de 100 páginas, de corte macartista, publicado por el Departamento de Estado el mes pasado.
Las sanciones forman parte de una campaña más amplia, encabezada por el Departamento de Estado, para perseguir a activistas de solidaridad que se oponen a la guerra económica de la administración Trump contra la isla.
La campaña también ha incluido el hostigamiento a activistas que viajan a Cuba.
La semana pasada, ciudadanos estadounidenses que regresaban por el Aeropuerto Internacional de Miami después de participar en las celebraciones celebradas en La Habana por el centenario del natalicio de Fidel Castro fueron sometidos a controles migratorios secundarios. A algunos les fueron confiscados sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para ser inspeccionados.
En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) envió solicitudes de información al streamer progresista Hasan Piker y a la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, solicitando documentación para determinar si habían infringido las leyes estadounidenses de sanciones durante un viaje realizado en marzo con la “Caravana Nuestra América”, una misión humanitaria que trasladó aproximadamente 20 toneladas de suministros médicos y otros recursos vitales a la isla.
Al menos 20 activistas estadounidenses que participaron en la caravana de marzo fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami a su regreso.
Mira AQUÍ la entrevista de la periodista de Belly of the Beast, Liz Oliva Fernández, con Medea Benjamin.
La salida de empresas extranjeras despeja el camino para los inversionistas estadounidenses
La más reciente ola de sanciones no se limitó al ICAP. Rubio también sancionó al Ministerio de la Construcción de Cuba y a otras ocho entidades vinculadas a los sectores de la minería, los metales y el transporte.
Entre las nuevas entidades incluidas en la lista de sancionados se encuentra la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, una instalación estatal dedicada al procesamiento de níquel y cobalto. La planta está ubicada a unos ocho kilómetros de Moa Nickel, S.A., donde la empresa canadiense Sherritt International explota níquel y cobalto desde la década de 1990 mediante una empresa mixta de la que posee el 50 %, en asociación con la estatal cubana Compañía General de Níquel.
Moa Nickel fue sancionada en virtud de la orden ejecutiva emitida por Donald Trump el 1 de mayo, que establece “sanciones secundarias” contra empresas no estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en las listas de sanciones.
La presión ejercida generó inmediatamente una posible oportunidad para un inversionista estadounidense con vínculos políticos.
Días después de que Moa Nickel fuera sancionada y Sherritt suspendiera sus operaciones en Cuba, Ray Washburne, exasesor de Trump que dirigió la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) durante la primera administración Trump, firmó un acuerdo preliminar para adquirir una participación mayoritaria en Sherritt.
Washburne y su esposa, Heather, copresiden el comité organizador de la convención de medio término del Partido Republicano, prevista para septiembre, a la que se espera que asistan Trump, el vicepresidente JD Vance y numerosos miembros del gabinete. Washburne declaró a Reuters que el comité ha recaudado 42 millones de dólares para financiar el evento.
Washburne ya no es el único inversionista radicado en Estados Unidos interesado en adquirir Sherritt. Un consorcio rival, integrado por un inversionista estadounidense principal cuya identidad no ha sido revelada, el comerciante de materias primas Glencore, la firma londinense Kyma Capital y el inversionista de fondos de cobertura Trifon Natsis, también compite por la misma participación del 55 % que busca adquirir Gillon Capital, la firma de Washburne.
Además del níquel y el cobalto cubanos, el oro también ha despertado el interés de inversionistas estadounidenses que buscan aprovechar las sanciones impuestas por la administración Trump.
El 4 de junio, la administración Trump sancionó a Minera La Victoria, una empresa mixta propiedad en partes iguales de la australiana Antilles Gold y la estatal cubana GeoMinera S.A.
Antilles suspendió la financiación y la gestión directa de la empresa mixta, paralizó durante una semana la cotización de sus acciones en la bolsa australiana y detuvo temporalmente las obras de construcción de su proyecto de oro y cobre Nueva Sabana.
A finales de junio, la compañía presentó al Departamento de Estado una propuesta para transferir al menos el 51 % de su filial con sede en las Islas Caimán, Antilles Gold Inc., a un inversionista estadounidense. Antilles declaró que se sentía “alentada” por la respuesta de Washington a comienzos de julio.
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